No cumplir con la Ley General de Discapacidad está castigado con una sanción, que oscila entre los 301 y 1.000.000 euros
La Ley General de Discapacidad es la que establece que las empresas, públicas o privadas, que tengan más de 50 trabajadores, están obligadas a tener un cupo de puestos de trabajo para personas con discapacidad. Esta cuota será como mínimo de un 2% y en el caso de que estas empresas no cumplan con esta ley, recibirán una sanción económica importante.
La Ley General de Discapacidad se recoge en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Dicha norma fue recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del martes 3 de diciembre de 2013.
Tipos de sanciones económicas
Existen diferentes sanciones económicas, que pueden ir entre 301 y 1.000.000 euros. Las multas se dividen en tres categorías:
- Leves: este tipo de sanciones van desde los 301 hasta los 30.000 euros.
- Graves: las sanciones graves van desde los 30.001 hasta los 90.000 euros.
- Muy graves: este tipo de sanción va desde los 90.001 hasta los 1.000.000 euros.
Además, también pueden conllevar las siguientes sanciones:
- Imposibilidad de contratar con la Administración Pública
- Perdida de todas las bonificaciones en materia laboral
- Imposibilidad de recibir ayudas o subsidios de la Administración Pública
- Sanciones de hasta 6.000 € anuales por persona con discapacidad no contratada o ausencia de Medidas Alternativas
Es importante indicar que aunque se facture con un Centro Especial de Empleo, si no se dispone del Certificado de Excepcionalidad no se está cumpliendo con la ley.
¿Qué es la Ley General de Discapacidad?
La Ley General de Discapacidad se recoge en el BOE desde diciembre de 2013 y sustituye a la antigua LISMI (Ley de Integración Social de los Minusválidos). Como ya hemos dicho, la nueva ley establece que todas las empresas, ya sean públicas o privadas, cuya plantilla sea de 50 o más trabajadores, deben tener un 2% o más de puestos de trabajos reservados para personas con discapacidad (con una discapacidad igual o superior al 33%).
Esta ley tiene como misión conseguir la igualdad de oportunidades, acabar con la discriminación de las personas con discapacidad, el acoso o cualquier conducta negativa hacia ellas; evitar o compensar las desventajas derivadas de esa discapacidad; y acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad.
El objetivo último de esta ley, entre otros, es impulsar y fomentar la integración laboral de estas personas.
